por Crosley » Jue Dic 18, 2008 1:51 pm
Un hecho que se repite con demasiada frecuencia desde hace tres años más o menos en nuestro país.:
Se trata de cualquier informe jurídico que hay que analizar y armonizar en jurisprudencia, y lo pueden enviar de cualquier punto español, pero si es desde galicia o autonomías con lenguas diferentes el problema está servido,. Me detendré en algún documento jurídico de Galicia que envían a Madrid para analizar jurídicamente . El informe que emitren está en gallego y su proceso lleva un recorrido semejante al que describo en otro renglón.
En Madrid que es donde se solicita el estudio y análisis , al llegar desde galicia, no se entiende porque está en gallego , por lo que hay que solicitar un traductor de gallego a castellano que sepa y entienda de lenguaje jurídico. Ese traductor cuesta una pasta por ser experto en ciencias jurídicas y traductor.Cuando está traducido ya se puede estudiar y pasar a su análisis. En este trayecto ya se ha perdido tiempo y especialmente dinero, bastante. Cuando ya está analizado, se emite a galicia y allí otro traductor lo convierte en gallego. Más dinero.
Si no está de acuerdo en el contenido jurídico el proceso se repite y se repiten igualmente los traductores...
Cuando hay que emitir la jurisprudencia, los catalanes solicitan que se haga en catalan, donde se repite el proceso que indiqué, y cuando está ya en catalán, hay que dar el visto bueno a la traducción , lo que vuelve a repetirse el proceso.(piensesé que no se hubiera traducido correctamente y hubiere un error..).
Cuando hay que enviarlo al pais vasco este proceso se repite.Cuando es a Valencia, idem, cuando a Mallorca, idem.....
Y bien, alguien que lea esto dirá que no está obligado el gobierno central a emitir su jurisprudencia más que en castellano, y diré que sí, pero es un derecho de la s comunidades autónomas el poder disponer de los documentos en su segunda lengua oficial y así lo hacen, solicitan este derecho al que no se les puede negar.
¿Esto es sensato, esto es lógico, esto es comprensible? ¿ Podemos imaginar el dinero , el tiempo y el papeleo que se ahorraría si se usase sólo el castellano?
Pero aún hay más, si existe una institución de cualquier autonomía de habla no castellana , que dé la casualidad que sea sensata y no quiera incurrir en semejante memez y gasto y se le ocurre enviar documentos en castellano, recibirá por parte del gobierno de su autonomía una reprimenda que en ocasiones significa la negación de un ascenso justo, o la de caer mal al gobierno autónomo de turno, por lo que agacha las orejas y lo envía en el lenguaje de su autonomía.
Esto es un estado de cosas que claman al cielo, cuando todos sabemos que los solicitantes de traducción conocen el castellano. Pero no, hay que traducir y callar.
Hay más todavía; ahora se van a editar todos los códigos jurídicos españoles a las lenguas diferentes de las autonomías lo que significa una cantidad de gastos, de duplicidad ,de papel, de espacio, y sólo para que consten en las bibliotecas públicas y estatales o en universidades los cuerpos jurídicos en sus lenguajes respectivos, al que sólo harán uso cuatro personas si acaso.
Es descarado que se acepte incondicionalmente por parte de todos, cuanto todos estamos pagando este doblete fastuoso e inasumible.Y nadie dice nada.
Este estado de cosas en la gestión de un sólo país diezma los fondos económicos que disipa en capítulos como este y no es un gasto baladí.Por otra parte va consumando poco a poco la convicción en los ciudadanos de que son otro país y otro mundo aparte de España.